Mediante un comunicado la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, confirmó el asesinato de la joven, María José Arciniegas Salinas, de 27 años de edad, perteneciente al pueblo Zio Bain.
Según el reporte el homicidio de esta joven se registró en el Resguardo Indígena de la vereda El Hacha, zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Los hechos se habrían registrado en la noche del pasado sábado 30 de abril y según la OPIAC habría sido perpetrado por “el grupo ilegal denominado Comandos de Frontera”.
“Cabe señalar que este lamentable hecho hace parte de una serie de vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que vienen sufriendo los pueblos indígenas que se encuentran en el departamento del Putumayo, particularmente en el municipio de Puerto Leguízamo” precisa el comunicado.
Este fenómeno se ha intensificado desde finales del año 2020, “debido al incremento de la presencia de actores armados legales e ilegales en inmediaciones, y al interior del territorio indígena, el aumento de cultivos de uso ilícito y la llegada de actores externos al territorio indígena a causa de la economía del narcotráfico”, destaca en otros apartes.
La preocupación de las comunidades indígenas que habitan en esta localidad, es que por causa de los enfrentamientos que se han registrado entre grupos al margen de la ley, que se disputan el territorio para afianzar sus economías ilícitas, la población civil ha quedado en medio de estos hechos, poniendo en grave peligro su vida e integridad.
“En el mes de diciembre del año 2020 se presentó un enfrentamiento entre grupos armados Comando de Frontera y el Frente Carolina Ramírez de las FARC, posterior a la confrontación bélica, uno de los grupos realizó señalamientos en contra de familias pertenecientes al resguardo El Hacha, acusándolos de colaborar con el otro actor armado”, denuncia la organización.
También enfatiza en el caso de una familia compuesta por 5 personas, entre ellos dos menores de edad quienes habrían sido señalados por estos grupos; habrían desaparecido y no se tiene noticia alguna de ellos.
Añade además que “en febrero del 2021 una de las familias nombradas en los señalamientos, fue víctima de desaparición forzada, hasta la fecha no se tiene ninguna información acerca de las cinco personas”.
Estas situaciones que han causado temor en la comunidad han llevado a que más de 10 familias hayan salido desplazados de este caserío entre 2021 y 2022.
La OPIAC, indicó que estas denuncias ya se han realizado por la comunidad, pero que hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta de las instituciones del Estado para proteger a las víctimas.
“La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona, responsabilizamos al Estado colombiano y al Gobierno de Iván Duque por cualquier hecho victimizante sufrido por las comunidades, resultado del enfrentamiento bélico de los grupos armados ilegales y la ocupación violenta del territorio…”, advierten
Según el reporte de la comunidad, lo que se sabe hasta el momento es que los hechos ocurridos son materia de investigación.
Por su parte Indepaz expresó que “con María José Arciniegas Salinas, serían 63 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022”.
Nota Informativa Cortesía: Conexión Putumayo. y OPIAC